La mayoría de los acontecimientos históricos no surgen de forma espontanea, sino que son precedidos por una serie de acciones, sucesos y decisiones que van madurando durante años o décadas, como ocurrió con la proclamación de la II República y más tarde con la Guerra Civil, así pues los acontecimientos pasados predicen los futuros.
En las elecciones a diputados de febrero de 1936 los resultados en San Martín de Pusa dieron una gran victoria a los partidos republicanos de izquierda, siendo el más votado el candidato de Izquierda Republicana, Félix Urabayen Guindo, navarro, quién era Director de la Escuela Normal de Magisterio de Toledo. Dentro de los candidatos de los partidos de la derecha, la CEDA, el más votado fue Dimas Adánez Horcajuelo, notario de Madrid, que como agricultor estaba asentado en Los Navalucillos.
Desgraciadamente el final de ambos candidatos es el reflejo de lo que fue la Guerra Civil.
Félix, acabada la guerra fue encarcelado en 1940 en la cárcel Conde de Toreno, donde compartió celda con Miguel Hernández y Buero Vallejo, allí enfermó y falleció en 1945, mientras que Dimas fue fusilado por el ejercito republicano durante la contienda civil.
Para entender la repercusión que tuvo la Guerra Civil en la zona de Valdepusa, tenemos que remontarnos a los primeros años de la II República y el conflicto social que entonces se vivía, como si de una película se tratara, iniciamos este recorrido con lo que acontecía en San Martín el 19 de Julio de 1936.
La causa general.
Un año después de acabada la Guerra Civil, el gobierno de Franco insta a la Fiscalía del Tribunal Supremo a investigar los delitos que se pudieran haber cometido durante la “dominación roja”, es decir desde las elecciones de febrero del 36 hasta abril del 39, pero no es hasta 1943 cuando, por un nuevo decreto, la investigación recae en un fiscal especial, a su vez en fiscales delegados en cada provincia, interviniendo como policía judicial la Guardia Civil. El compendio de esa investigación es la denominada “Causa General”.
El Jefe del puesto de la Guardia Civil de San Martín, fue el encargado de investigar y redactar el informe final en lo concerniente a nuestra villa.
En el relato de los hechos comienza con la situación de la población a partir del alzamiento del 18 de julio de 1936, que describe de la siguiente forma:
El 19 de julio los miembros del cuerpo del Puesto de la Guardia Civil, por orden superior cargaron las armas en camiones y se ausentaron de esta localidad, estas armas era de las recogidas por diferentes disposiciones del Frente Popular, los elementos derechistas y en general todos los que pudieran considerarse afectos al Movimiento de salvación de España se quedaron desarmados e indefensos, para poder en un momento dado salir a la calle, esta localidad es de unos 2.000 habitantes con un 70%, en aquella época, de elementos de izquierdas y cuya proporción inició su actuación descaradamente a favor de sus ideas. Abandonaros sus trabajos y con unas cuantas escopetas, revólveres, pistolas y hasta algún trabuco de todos los calibres y épocas, sin duda de cazadores furtivos y gentes de malas intenciones, se hicieron dueños de la situación, sus primeras actuaciones consistieron en establecer controles armados en todas las entradas y salidas del pueblo…”
Teniendo en cuenta que el cabo redactor, señor Cembellín, firmó el informe el 23 de noviembre de 1942, se cuida mucho en no cargar contra los vecinos de San Martín, y es curiosa la afirmación que dice; “el 70% eran de izquierdas en esa época”, queriendo testimoniar que ya no lo eran, como dar a entender que la «reconversión» ya se había producido.
Pero, ¿Cómo se llegó a esa situación?, ¿Cuáles fueron las causas de que el movimiento obrero estuviera en una situación de tal desesperación?
La situación al inicio de la República y el reparto de la tierra.
Las causas serían muy similares para todo el movimiento obrero agrario de la época en la España latifundista, sin embargo existían particularidades en cada pueblo o comarca.
El principal problema en San Martín era la falta de trabajo, sobrevenido por un reparto desigual de la tierra desde hacía siglos y un aumento de la burguesía agraria, toda vez que ya no era solo el marqués de Malpica quien poseía grandes fincas, si no que otros labradores se habían ido haciendo con importantes propiedades, y ante la alta oferta de jornaleros en paro, predominó la explotación y el abuso de las condiciones laborales.
El propio alcalde de San Martín describía en una carta remitida al diario El Heraldo de Madrid como era el reparto de la propiedad en el municipio en 1931; de las 10.400 Ha de término municipal, 6.000 eran propiedad del duque de Arión, marqués de Malpica, 3.000 de propietarios forasteros y poco más de 1.000 de los vecinos del pueblo.
Ni siquiera la Ley de Bases o la de Términos Municipales que había introducido la República sirvió para paliar la situación, sino más bien a agravó, pues la de Términos Municipales exigía que no se podía contratar un jornalero de otro pueblo, mientras en el mismo hubiera un vecino en paro, lo que ocasionó enfrentamientos entre los propios jornaleros.
En 1932 durante la temporada de la siega, en Villarejo Montalbán, San Martín de Pusa y San Martín de Montalbán, se habían contratado obreros de Navahermosa, y mientras descansaban de sus tareas fueron atacados con palos y piedras por otros obreros del mismo Navahermosa, encabezados por el alcalde Fidel Pérez, por haber aceptado las bases de contratación, los hechos se saldaron con dos heridos, la intervención de la Guardia Civil y la presencia del gobernador.A los pocos días el alcalde de Navahermosa fue destituido por el ministro de la Gobernación y encarcelado en Toledo.
A finales de abril de 1931, recién estrenada la República, una comisión de labradores de San Martín de Pusa fueron recibidos por el ministro de Economía, al que le hicieron llegar sus reivindicaciones, mientras la tensión entre los obreros del campo iba en aumento por la falta de trabajo y así sobre el 2 agosto, primero, y el 9 de septiembre más tarde, hubo sendas incursiones de jornaleros lanzados a la caza furtiva en los Quintos de Valdepusa.
El furtivismo o cazar para comer.
La primera gran incursión de jornaleros fueron veintiocho personas que entraron en Casa de Vacas, donde el guarda particular Paulino Fuentes tuvo que pedir auxilio a la Guardia Civil, intervinieron ocho perdices y una paloma, pasando los jornaleros a disposición judicial.
Los enfrentamientos de furtivos con la Guardia Civil y los guardas estaban a la orden del día, los jornaleros se echaban al campo por la necesidad vital de no pasar hambre, sin embargo, pocas veces encontraban la empatía de los guardas, los cuales muchas veces se extralimitaban en sus funciones a sabiendas del respaldo que tenían de la Guardia Civil, tal era así, que a mediados de agosto de 1931 el alcalde de San Martín, ante la denuncia de malos tratos por parte de los guardas a varios vecinos, llamó a capítulo a los ocho guardas de Valdepusa, abriendo expediente a dos de ellos, uno por maltratar con sable a un vecino y a otro por apuntar con la carabina a otro furtivo.
Un mes más tarde, ciento cincuenta vecinos de San Martín, provistos de palos y alguna escopeta, entraron a cazar en los Quintos del término de Malpica de El Ochavo, Hornaguera y Tapia, fueron solicitados refuerzos a la Guardia Civil de pueblos de la comarca, según la prensa de la época se incautaron 230 perdices y varias liebres y conejos, pasando los cabecillas, quince individuos, a disposición judicial.
Ante esta situación, y los ataques por medio de la prensa a los jornaleros, calificando la caza furtiva de “invasión”, el alcalde de San Martín, señor Matilla, publica una carta en el Heraldo de Madrid, el 17 de septiembre de 1931, defendiendo los derechos de los vecinos de San Martín sobre la dehesa de Valdepusa, así como indicando que las fincas no están ni amojonadas, ni acotadas, ni forman un vedado de caza y que los vecinos que allí cazaron tenían su correspondiente licencia de caza, sosteniendo que el duque de Arión tiene a la Guardia Civil a su servicio y la necesidad tienen los vecinos de buscarse el sustento por la falta de trabajo.
Poco tardó el duque en contestar a la misiva del alcalde, y el 22 de septiembre en el diario La Voz, Ramón Herrero Díaz, abogado del duque ratifica al alcalde amparándose en la Concordia que firmaron los pueblos de Valdepusa un siglo antes, aunque reconoce que las fincas no están acotadas como vedado de caza, pero si amojonadas, por lo que según el artículo 15 de la Ley de Caza, de aquella época, no se puede cazar sin el permiso del dueño. No deja de ser paradójico que al lado de la carta publicada del duque en el diario, se publicó un artículo de opinión bajo el título “El pueblo tiene hambre”.
1932 un año convulso.
El año de 1932 fue un año de movilizaciones y desesperanzas, quizás motivadas por la desilusión del primer año de la República, pues de momento, las condiciones de vida para nada habían mejorado y la Reforma Agraria aún no se hacía efectiva, se produjeron huelgas de obreros del campo en San Bartolomé, Torrecilla, Maqueda, entre otros. En muchos pueblos de Toledo se retrasó la siega ante la negativa de los jornaleros a trabajar con condiciones por debajo de las estipuladas por Ley, pues se quería igualar el trabajo del campo al de la industria y que los obreros pasaran a ser empleados, dejando atrás la servidumbre, aún presente, de ser “criados”. Mientras la prensa nacional se hacía eco de las palabras de Azaña, prometiendo la esperada Reforma Agraria.
En San Martín empezó el año con un motín de la población motivado por el atropello y muerte de un niño de 10 años, Gregorio Tostón García, por una camioneta de transporte conducido por un vecino de Los Navalmorales, al que quisieron linchar los vecinos nada más conocer el accidente, intervino la Guardia Civil y alguno de los vecinos más sosegados para tranquilizar los ánimos, recomendando la Benemérita que no se abriera el Centro Obrero, hasta que la situación se normalizara.
A veces había un componente de incitación a la desobediencia, promovido por elementos desestabilizadores ajenos al pueblo, algo que ya fue común en estos pueblos en el primer cuarto del siglo XX, lo que podríamos llamar los “calienta cabezas” quienes desde fuera del pueblo realizaban asambleas y mítines radicalizando a los jornaleros, a sabiendas que al no tener nada que llevarse a la boca ellos, ni sus familias, eran un buen caldo de cultivo para calentar una olla a presión que estaba a punto de estallar.
El 8 de febrero el diario socialista La Libertad, advertía de la situación de San Martín, centrando sus críticas en la falta de reformas, pues aunque dice que el alcalde está de acuerdo en afrontarlas, se culpaba al secretario del ayuntamiento, cuñado del alcalde, de ser el que lo impide, y advierte:
“Se nos indica del peligro existente de que algún día llegue al límite la paciencia del vecindario. Y creemos necesario llamar la atención del gobernador civil de la provincia para que dedique a esas pequeñeces una mínima atención.”
Pero quizás quien mejor describió la situación del Ayuntamiento fue P. Barroso, en una carta que envió al Heraldo Toledano el 2 de febrero de 1932, y que aquí reproducimos, en esa época el alcalde era Pedro Matilla y el secretario, su cuñado Humiliano de Lucas.
Entre la presión de la falta de trabajo y la situación del Ayuntamiento, no era de extrañar que algunos incitadores aprovecharan la ocasión y así en maro de 1932, el ya citado Fidel Pérez Luis, exalcalde de Navahermosa y procurador de los tribunales, se personó en San Martín en una reunión con los obreros y les alentó a no dudar en tener enfrentamientos y optar por la toma de fincas, como ya lo había hecho en otros pueblos.
La toma del ayuntamiento y la esperanza de la Reforma Agraria.
Y en septiembre de 1932 un grupo de vecinos encerraron en el ayuntamiento a parte de la corporación municipal, entregando las llaves del mismo al cabo de la Guardia Civil, y solicitándole que como autoridad que destituyera a los cargos municipales y nombrara otros nuevos. Lógicamente fueron detenidos y fueron llevados a los calabozos de Los Navalmorales, donde tras prestar declaración fueron puestos en libertad a los pocos días.
Mientras todo esto ocurría en San Martín, el 9 de septiembre de 1932 se aprobaba la tan esperada Ley de Bases de la Reforma Agraria, con una amplia mayoría de Las Cortes, un nuevo aire de esperanza soplaba por los pueblos del antiguo señorío jurisdiccional de Valdepusa, ahora sí las tierras de la nobleza serían explotadas por el pueblo, y los jornaleros pasarían a ser propietarios o, al menos, usufructuarios de las mismas. Sin embargo, ante la demora de poner en marcha la Reforma Agraria, el gobierno sacó el Decreto de Intensificación de Cultivos, el 22 de octubre de 1932, determinando una serie de fincas que podían ser ocupadas, siempre y cuando dejaran de ser arrendadas o que únicamente se dedicara a la ganadería. El 24 de febrero de 1933, se publicó en La Gazeta, las fincas del término de San Martín a las que afectaba el Decreto, estas eran; El Peladillo, La Magdalena Baja, El Mancho y Macarro Bajo.
Un año más tarde, en enero del 34, se adjudicaban las hectáreas de la fincas de Valdepusa a los pueblo y empezaba un tiempo de esperanza para las 774 familias de los pueblos de San Martín de Pusa, Malpica de Tajo, San Bartolomé de las Abiertas, Cebolla y Mesegar, que se constituirían como Comunidades de Campesinos, pero… esa ya es otra historia.
FUENTES:
Foto de Portada: Proclamación de la II República en Toledo, 14 de abril de 1931.
Hemeroteca de diferentes publicaciones de la época.
Archivo Histórico Nacional. Causa General San Martín de Pusa.
