Esta historia que hoy venimos a contar aquí, podría formar parte de lo que hoy se conoce como “memoria histórica”, término que tiene su aquel, pues cualquier acontecimiento o hecho que está en la memoria de un individuo o de una colectividad de por sí es histórico, por haber ocurridos en el pasado, por lo cual debería hablarse de “memoria de la historia” de una determinada época o acontecimiento.
Otra cosa es como se haya contado, pues un mismo suceso vivido por varias personas, cada una lo recuerda de una forma diferente, por ello en el caso de hechos históricos nada mejor que la documentación, cuanto más y de fuentes más diversas mejor, para hacernos una idea de cómo en realidad ocurrieron.
La historia que venimos a contar aquí es la contenida en el sumario 250, legajo 5301 del AGHDM (Archivo General e Histórico de la Defensa, sito en Madrid) sobre una causa colectiva contra nueve vecinos de San Martín iniciada en agosto de 1939 y, aunque parezca mentira, cerrada el 14 de marzo de 1945.
Las diversas declaraciones y testimonios que contiene este sumario, nos da una idea bastante próxima a la realidad de San Martín de Pusa durante la Guerra Civil y como los vecinos de uno y otro lado, llegaron a un compromiso de respeto entre ellos, lo que conllevó a convertir a San Martín ser uno de los pocos pueblos de la zona donde no hubo ningún asesinato entre vecinos.
La denuncia.
Un vez que las tropas de Franco iba recuperando terreno, el final de la guerra parecía más próximo y todo hacía presagiar que se decantaría de parte los nacionales, algunos pensaron que era hora de poder reclamar judicialmente los bienes que la guerra les había quitado, así Zoilo García Álvarez, un empresario madrileño dedicado a la venta de carbones y que antes del comienzo de la guerra se había quedado con la producción de carbón vegetal de los quintos de Macarro Alto y El Montón de Tierra (El Montón), pone una denuncia mediante su apoderado Eugenio Marcos Marcos, vecino de Malpica, en el cuartel de la Guardia Civil de San Martín contra Fabián Ocaña Vega y otros por; “haber incautado y vendido el carbón y la leña” que el 17 de julio, un día antes del alzamiento militar tenían en los citados quintos y que según ellos eran 12.000 arrobas de carbón vegetal y 12.000 de leña para elaborar el carbón, valorado todo en 7.500 pesetas.
Interrogatorio de la Guardia Civil
Tras la denuncia interpuesta por Eugenio Marcos el 2 de agosto de 1939, la Guardia Civil se dispone a interrogar a los denunciados; Fabián Ocaña y otros, esos nueve samartileños que habían sido miembros del comité local del Frente Popular tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936, pues en las zonas que permanecieron fieles a la República hasta que Largo Caballero en 1937 no reorganizó los ayuntamientos en consejos municipales, la administración local fue llevada cabo por este tipo de comités formados principalmente por los miembros más representativos de los partidos de izquierdas de los pueblos.
Los nueve acusados eran; Fabián Ocaña Vega, Julián López Asperilla, Julián de la Iglesia López, Germán Pajarero Fernández, Saturnino Berrera García, Rodrigo García Aranda, Eloy Sánchez Rodríguez, Pablo Jiménez Martín y Marcelino Domínguez de la Iglesia.
Sus declaraciones, de forma resumida, fueron las siguientes:
Fabián Ocaña Vega, zapatero, casado, natural y vecino de San Martín de Pusa. Dice que el carbón se le fue llevando, de las fincas donde se encontraba, el que quiso. No se hizo una incautación en forma. La milicias y fuerzas militares que pasaron por allí lo consumieron hasta que lo agotaron. No cree que nadie se hiciera cargo del carbón. Los vecinos tomaron sin dar cuenta a nadie, lo que quisieron.
Julián López Asperilla, vecino y natural de San Martín de Pusa. Dijo; una vez vino el encargado de los carbones, con un escrito del ministerio de Agricultura para que dejasen sacarlo, a lo que nadie se opuso. Se llevaron algo en algún viaje en una camioneta, luego él fue movilizado y no sabe que pasó con el carbón. Sabe que fue consumido por las fuerzas que guarnecía la plaza.
Julián de la Iglesia López, tejero, natural y vecino. Repitió lo dicho por Fabián Ocaña Vega.
Germán Pajarero Fernández, jornalero, natural y vecino. Dijo que el comité incautó los carbones y posteriormente el consejo municipal del que formó parte el denunciado. Se consumió por las fuerzas que guarnecieron la población, principalmente en el palacio.
Saturnino García Barrera, jornalero, casado, natural y vecino. Dijo; ignora que destino se le dio, ni quien le consumió o vendió.
Rodrigo García Aranda, jornalero, casado, natural y vecino. Dijo; se lo llevo el que quería, sin pedir permiso ni informar, supone que los militares consumieron más.
Eloy Sánchez Rodríguez, jornalero, casado, natural y vecino. Dijo; Fueron sacados de las fincas donde estaban. No hubo incautación, no les cuidaba nadie, en estado de abandono. El que quería se lo llevaba sin que se opusiera nadie.
Pablo Jiménez Martín, 35 años, pastor. Dijo; Las fuerzas consumieron gran parte del carbón. Uno de Menasalbas que había trabajado en la obtención de los carbones, exigió que se le pagara. Se vendió lo necesario para pagarle. No sabe cuántas pesetas. Vino varias veces a reclamar se le pagara, pues decía que el carbón era suyo. Se cobró a varios individuos que se llevaron carbón.
Marcelino Domínguez de la Iglesia, casado, jornalero, natural y vecino. Dijo; ignoraba en qué lugar de las fincas se hallaba, donde fue a parar, ni quién se lo llevó.
El 23 de enero de 1940 el juzgado de Navahermosa se hace cargo de la causa, sin embargo al tratarse de supuestos delitos cometidos durante la Guerra Civil la Delegación de Toledo de la Auditoría Militar de la Primera Región Militar, el 30 de enero abre juicio sumarísimo con un juez militar.
Informes de conducta social y política.
Una vez acabada la guerra, al parecer no bastaba únicamente con el informe y toma de declaraciones de la Guardia Civil, que ejercía de policía judicial, para enviar la causa al juzgado, además el juez militar solicitó un informe de conducta social y política al jefe local de la Falange Española Tradicionalista, en esos momentos Tereso Cid, quien debía hacer constar la actividad política que los acusados habían ejercido antes y durante la guerra, el 6 de junio de 1940, se realiza el informe de cada uno de ellos, que es el siguiente;
Fabián Ocaña Vega; Afiliado a la UGT desde siempre. Al estallar el Glorioso Movimiento Nacional fue preso en la cárcel de Navahermosa, denunciado poco antes por elementos de derecha. Desempeñaba el cargo de presidente de la UGT. Liberado por las hordas marxistas de la cárcel del partido en 1936, vino al pueblo y al estallar el Glorioso Movimiento Nacional formó parte del comité local del Frente Popular. Intervino en requisas e incautaciones. Siguió siendo de la UGT.
Julián López Asperilla; Antes del 18 de julio era de la UGT, formó parte del comité, realizó requisas, marchó voluntario al ejército rojo, en el cuerpo de carabineros hasta acabar la guerra.
Julián de la Iglesia López; Antes del 18 de julio era de la UGT, presidente del consejo local, durante su actuación como consejero, no como alcalde, se produjo la incautación de propiedades de Bernarda Hernández Benítez, que fue vecina de Navahermosa.
Germán Pajarero Fernández; Antes del 18 de julio era de la UGT, se produjo incautación de propiedades de Bernarda Hernández Benítez, que fue vecina de Navahermosa., después se afilió también al PCE, fue consejero y depositario (tesorero) del consejo municipal, mientras fue consejero se produjo la incautación de propiedades de Bernarda Hernández Benítez.
Saturnino García Barrera; Antes del 18 de julio era de la UGT. Después del 18 de julio fue directivo de la UGT. Consejero del consejo municipal. No se le imputan actos, solo actitudes.
Rodrigo García Aranda; Antes del 18 de julio era de la UGT. Comportamiento moderado, social y político. Buena conducta política y social. Ocupó los cargos de consejero del consejo municipal y alcalde. Actuación favorecedora a las personas de derechas cuando las circunstancias se lo permitían.
Eloy Sánchez Rodríguez; Antes del 18 de julio era de la UGT. Después del 18 de julio de la UGT y además del PCE, muy izquierdista. Presidente del consejo municipal, cuando fue presidente, los consejeros incautaron los bienes de Bernarda Hernández.
Pablo Jiménez Martín; Antes del 18 de julio era de la UGT. Fue consejero y del ayuntamiento. Muy izquierdista. Fue el depositario de las fincas incautadas.
Marcelino Domínguez de la Iglesia; Antes del 18 de julio era de la UGT. Desde el primer momento miembro del comité del Frente Popular hasta la creación del consejo municipal en febrero de 1937. Participó en requisas.
Notificación del auto de procesamiento.
Al día siguiente, nada más recibir los informes de “conducta social y política” se les notifica su procesamiento y entre el 7 y 8 de junio se les realiza un declaración indagatoria, cuyo resumen es el siguiente;
Fabián Ocaña Vega: Zapatero, 45 años, natural y vecino de SM, hijo de Segundo y Juliana. Se afirma y ratifica lo declarado ante la Guardia Civil.
Se afilió a la UGT cuatro años antes del 36, vicepresidente poco antes del 18 de julio, siguió siéndolo un año después, vocal del comité, fue designado presidente cuando el anterior, José Sánchez (apodado Cigarro) se incorporó al ejército popular. Aceptó los cargos por indicaciones de personas de orden, para evitar desmanes y derramamientos de sangre.
Se limitó en evitar en lo posible se cometieran desmanes. El cura estuvo oculto con conocimiento del denunciado, le visitó varias veces y se evitó su muerte. Ahora sigue de párroco. El carbón fue incautado, pero al quedar en pleno campo, las fuerzas que había por allí se lo fueron llevando. Al cesar en sus cargos el comité, se vendió algo para pagar unos jornales.
No ordenó incautaciones. Avisaba a comerciantes y a otros que tenían artículos para que les ocultaran antes que llegaran las fuerzas o milicias rojas.
Julián López Asperilla; (Apodado El Jefe) 32 años, casado hijo de Vanancio e Hilaria. En la UGT desde 1931, dos veces secretario de la agrupación, en 1932, seis o siete meses y en 1935 tres meses. En el comité desde agosto del 36 al 31 de octubre del 36.
Todos los miembros del comité trabajaron para evitar desmanes. Ocultó al cura en su propia casa al principio y en la de Manuel Hernández más tarde. Le visitaba por las noches para darle ánimos, le llevaba víveres, tabaco, etc.
El veintitantos de agosto del 36 se presentó el encargado de las fincas del carbón con un escrito del ministerio de Agricultura, autorizándole a llevarse el carbón. No sabe cuánto se llevaron, lo que quedó no fue incautado, mientras él estuvo en el pueblo, ni fue el carbón tocado por nadie hasta el 2 de noviembre de 1936. No ha intervenido en nada.
Julián de la Iglesia López (Apodado El Tejero) 31 años, hijo de Mariano y Tomasa, militante de UGT, no tiene cargos directivos. Fue alcalde desde el 14 de febrero de 1937, unos seis meses hasta que fue movilizado como soldado, no hubo desmanes ni incautaciones. Actuación de protección de los vecinos e intereses del pueblo.
Colocó al cura para que tuviera un medio de vida. El y todo el pueblo negaron saber dónde estaba cuando iban a buscarlo. No se hizo cargo del carbón, solo sabe lo declarado.
Su actuación; evitar incautaciones y desmanes
Germán Pajarero Fernández, 31 años, jornalero, casado, hijo de Segundo y Sabina. En UGT desde 1935 o principios de 1936, con cargo de contador. Fue concejal del ayuntamiento, depositario municipal (tesorero), desde 1937 hasta el 3 de marzo de 1938 cuando fue movilizado por su quinta como soldado de Sanidad Militar.
No recuerda requisas o incautaciones.
Sobre el carbón lo declarado ante el comandante del puesto de la Guardia Civil.
Rodrigo García Aranda, 39 años, jornalero, casado, hijo de Juan y Antonia, de la UGT desde antes del Glorioso Movimiento Nacional, fue contador hasta 1936, segundo alcalde un tiempo desde 1937 hasta que fue movilizado como soldado por su quinta. Estuvo en abastos, suministrando víveres al pueblo. Del carbón no intervino en nada, se lo llevaron las milicias.
Eloy Sánchez Rodríguez, 34 años, jornalero, casado, hijo de Isidoro y Salustiana, de la UGT desde antes del Glorioso Movimiento Nacional fue concejal hasta abril de 1937, propuesto por la Casa del Pueblo, hasta que fue movilizado por su quinta. El carbón no estaba incautado, él no ordenó incautar nada, no vendió el carbón. Se lo llevaba el que pasaba por allí.
Pablo Jiménez Martín, (Apodado El Guarrero), 34 años, casado hijo de Teodoro y Francisca, en la UGT desde 1931, cerrada la Casa del Pueblo volvieron a afiliarse en 1936. Desde el 14 de febrero de 1937, concejal. Fue tesorero, no secretario, de las fincas incautadas. Llamado por su quinta, fue cabo, dado por inútil por fístula de carácter tuberculosa. No intervino en las incautaciones, las seis u ocho fincas incautadas fueron antes de ser nombrado concejal. Quien entendía del tema del carbón era un consejo de Agricultura.
El consejo municipal le presidía Enrique Ortiz y los vocales Marcelino Domínguez y Longinos Gómez, este muerto en guerra en el hospital de Játiva, se puso como secretario al sacerdote, nombrado para justificar su sueldo.
El presidente y los vocales andaba por el campo disponiendo de las fincas incautadas, que lo fueron un año antes. Sus productos eran administrados para el pago de jornales y necesidades parecidas.
Marcelino Domínguez de la Iglesia, de 31 años, jornalero, casado, natural de San Martín de Pusa y vecino de Lucillos, hijo de Luis y Francisca. Se afirma en la declaración realizada ente la Guardia Civil. De UGT desde 1931, revisor de las cuentas.
Miembro del comité ejecutivo desde su creación hasta julio o agosto del 36. En febrero de 1937 fue relevado cuando se formó el consejo municipal. Después ya no tuvo cargo directivo. Se puso en libertad a las personas detenidas, sin actitud persecutoria. Iba a visitar al cura detenido, a llevarle cosas y a confortarle.
El comité no se incautó del carbón, no sabe ni donde estaba.
Declaración del cura y otras personas.
Una vez tomada declaración a los supuestos culpables de la desaparición del carbón, el juez manda tomar declaración, al cura párroco, algunos personas de las llamadas por el bando nacional “personas de orden”, al alcalde, el secretario municipal y a los dos guardas de los quintos Macarro Alto y el Montón de Tierra, este es el resumen de sus declaraciones:
Aurelio Fernández Gómez-Escobar, párroco actual y anterior, 55 años, sacerdote, natural de Menasalbas.
Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional, como párroco pidió protección al comité a través de Fabián Ocaña Vega. Todos dispusieron protegerle, le visitaban de noche y le animaban, ocultándole noticias del exterior, como los asesinatos. Actuación ejemplar de todos para evitar asesinatos de los vecinos, principalmente por parte de Fabián Ocaña. Le llevaban víveres y tabaco.
Al formarse el comité municipal, Fabián Ocaña reunió a todos sus miembros y acordaron sacarle a la luz y darle un empleo en el ayuntamiento como forma de protegerle (Febrero de 1937). Estos eran; el alcalde Julián de la Iglesia, el teniente alcalde Rodrigo García Aranda, Germán Pajarero y otros.
Rodrigo García, le contó que ellos se habían anticipado, contando al comandante militar (se refiere al comandante Telesforo Aguado que era el jefe militar de San Martín) lo que estaban haciendo con el cura, para evitarle males, pues había una agrupación de dinamiteros que trataban de su muerte. (esta agrupación de dinamiteros era la mandada por un tal Machuca de Talavera, que tenía su base de operaciones en San Martín, véase “Historias de una guerra” en este blog). El comandante no se opuso a la protección que le daban los vecinos, solo pidió que se presentara un día a él. Cree que todos se mostraron a favor con las formas de trato que le dieron.
Segundo de Lucas Aranda, de 63 años, agricultor, casado. Rodrigo García era de izquierdas, pero no avanzado, miembro del consejo municipal, no sabe de intervención en hechos delictivos, ni le cree capaz. Trabajador, poco amigo del desorden, le utiliza ahora como obrero cuando lo requiere.
Eloy Tostón Olmedo, 43 años, labrador, casado. Conoce a Eloy Sánchez, alcalde o presidente del consejo municipal durante algún tiempo, no sabe de su actuación.
Juan Gálvez-Rojas Helgueta, 49 años, industrial/propietario, casado. Fabián Ocaña y los demás miembros del comité, no tomaron represalias contra las personas. Él y otros detenidos fueron puestos en libertad por medio del presidente. No se incautaron comercios, excepto los vales que presentaban las fuerzas rojas para comprar algún artículo.
Hubo pocas incautaciones de fincas. Algunas del marqués de Zugasti, de la familia Fernández-Giro y alguna más que no puede concretar.
El comité y consejo municipal, trató de evitar desmanes y proteger a los vecinos de orden, incluido el cura. La actuación de todos los encausados fue relativamente moderada.
Clemente Martín del Rio, de 25 años, comerciante, soltero, natural y vecino de San Martín de Pusa. Aparte de las incautaciones, la actuación en general fue buena, no hubo asesinatos, las retenciones, fue solo hasta que se formó el comité y ordenado por la Casa del Pueblo.
Como vemos la declaraciones de estas personas iban todas en la línea de resaltar que la actuación del consejo municipal estaban encaminadas a evitar desmanes y proteger a los vecinos, incluso al cura, algo tan excepcional que posiblemente éste acto y la forma en que le protegieron, según las declaraciones anteriores, pesó mucho a favor de los acusados.
También es importante resaltar la declaración de Juan Gálvez-Rojas y Clemente Martín cuando hablan que las “detenciones o retenciones” fueron solo hasta que se formó el comité, se refiere a las detenciones de “patronos, industriales y afectos a la causa del Movimiento” que según el informe de la Guardia Civil en la Causa General describe así: “…los ingresaron en el calabozo del juzgado municipal y colegio, estuvieron en estas condiciones de 8 a 12 días, defendiendo la libertad de éstos algunos elementos de la Casa del Pueblo.”
Quiere decir que el “hoy por ti y mañana por mí” funcionó, las personas de izquierdas, al inicio de la guerra abogaron por poner en libertad a los detenidos y una vez finalizada ésta, los de derechas, al menos por sus declaraciones ante el juez, pusieron en valor el buen comportamiento de los miembros del comité local y más tarde del los que formaban el ayuntamiento, llamado consejo municipal.
Declaración del Alcalde y el Secretario Municipal
El día 9 de junio d 1940 se tomó declaración al alcalde, Tereso Cid Olmedo, quien había asumido el cargo desde la jefatura local de Falange Española Tradicionalista y al secretario municipal Manuel Hernández, el mismo que tuvo al cura oculto durante un tiempo en su casa, las declaraciones respecto a los acusados fueron éstas;
Declaración del Alcalde Tereso Cid Olmedo:
Fabián Ocaña Vega, el 18 de julio de 1936 estaba preso en la cárcel de Navahermosa, fue liberado por las hordas rojas, volvió al pueblo y creo el primer comité, y empezaron las requisas e incautaciones.
Julián López Asperilla, miembro del comité local, participó en incautaciones y requisas de fincas.
Julián de la Iglesia López, miembro del comité local, alcalde algún tiempo, incautaciones de bienes de doña Bernarda.
Germán Pajarero Fernández, del Partido Comunista, también participó en la incautación de los bienes de doña Bernarda, depositario de los fondos municipales.
Saturnino García Barrera, Directivo de la UGT, consejero municipal estuvo en el ayuntamiento en 1937.
Rodrigo García Aranda. Consejero de Abastos y alcalde, actuación a favor de la gente de orden.
Eloy Sánchez Rodríguez, del Partido Comunista, del consejo municipal, participó en la incautación de los bienes de doña Bernarda.
Pablo Jiménez Martín, desde marzo de 1937 del consejo municipal, tesorero depositario se los fondos de las fincas incautadas.
Marceliano Domínguez de la Iglesia. Del comité hasta febrero de 1937, participo en requisas e incautaciones.
Declaración del secretario municipal Manuel Hernández Matilla, de 34 años, casado, natural y vecino de San Martín de Pusa:
Fabián Ocaña Vega fue presidente o vicepresidente de la casa del pueblo y del primer comité y pensó dejarlo y la gente de orden le convencieron para que siguiera en el cargo con el objeto de protegerles la vida.
Se esforzaron por evitar derramamientos de sangre entre los vecinos y por proteger al cura a él le ofreció ayuda económica.
Julián López Asperilla, miembro del comité local, su actuación es extensible a los demás encausados, los de “más cuidado” Eloy Sánchez y Pablo Jiménez. Rodrigo García, le firmó un aval.
Declaración a los guardas de Macarro Alto y el Montón de Tierra.
José Martín Segovia de 61 años, casado, natural y vecino de San Martín, guarda de Macarro Alto desde 1933 con Wistremundo de Loma. Al estallar el Glorioso Movimiento Nacional, se estaba carboneando. Meses después fue destituido. Allí había unas 4 pilas de carbón con unas 12.000 arrobas. Allí estaban hasta el 17 de octubre de 1936. No sabe más del carbón. Al acabar la guerra fue restituido en su cargo.
Francisco Valverde Cardiel, 59 años, casado, natural y vecino de San Martín, guarda de El Montón de Tierra, propiedad de Joaquín Fernández de Córdoba. Cuando el Glorioso Movimiento Nacional, se había hecho un corte de leña para carboneo. A mediados del 36 salió de la finca al ser destituido, por haber sido incautada la finca. Allí quedó aquello. No sabe más de lo que fue de ello.
Con todo ello el 12 de noviembre de 1940 desde Aranjuez la Auditoría de Guerra firma auto de puesta en libertad de Marceliano Domínguez, Fabián Ocaña, Rodrigo García, Julián Sánchez y Julián de la Iglesia, salen de la prisión de Toledo el 23 de noviembre de 1940, entendiendo que no habían participado en la desaparición del carbón, mientras y hasta que se dictar sentencia Eloy Sánchez, Pablo Jiménez, Saturnino García, Germán Pajarero y Marcelino Domínguez permanecerían en la cárcel de Toledo, hasta que el 10 de diciembre de 1941 se les puso en libertad provisional.
Prácticamente un año y medio más tarde, el 24 de marzo de 1943, se hace un sobreseimiento provisional de la causa y el 14 de marzo de 1945, se notifica un sobreseimiento definitivo.
Una causa que empezó en agosto de 1939 y finalizó dejando por fin tranquilas a las familias cuatro años y siete meses después y entremedias unos seis meses de cárcel para unos y dieciocho para otros, para luego ser sobreseída y sin reparación para los inocentes.
Como decíamos al principio estos son los hechos históricos recogidos en estos documentos, cada uno puede tener en su memoria lo que le contaran sus familiares o conocidos, pero lo realmente cierto y contrastado es que el cura se salvó durante la guerra por la protección de los miembros del comité local y del pueblo en general y que, si bien en San Martín hubo asesinatos de vecinos de Santa Ana, Villarejo y Los Navalmorales por parte de personas ajenas al pueblo, concretamente por parte del Batallón de Carlos Prestes, no hubo ningún asesinato entre vecinos.
Lo que pasara en la postguerra aún está por escribir.
FUENTES:
Archivo General e Histórico de la Defensa, sumario 250, legajo 5301
Causa General San Martín de Pusa ES.28079.AHN//FC-CAUSA_GENERAL,1047,Exp.18
Foto de portada: «Carbonera ardiendo» de ruideratreasures.es
